El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción no vinculante que pide la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un nuevo episodio de presión parlamentaria sobre el Ejecutivo. La votación se celebró el 25 de junio de 2026 y salió adelante con 177 votos a favor, 171 en contra y una abstención.
La moción no obliga legalmente a Sánchez a abandonar el cargo. Se trata de una expresión política del Congreso, no de un mecanismo vinculante de destitución. En el sistema parlamentario español, la dimisión depende de la decisión del presidente del Gobierno, mientras que un cambio formal de Ejecutivo debe seguir los procedimientos previstos por el marco constitucional.
La iniciativa partió de la oposición y recibió el apoyo de partidos como el PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria. El resultado refleja el debilitamiento parlamentario del Gobierno y la creciente dificultad para sostener una mayoría estable en el Congreso.
La moción también incluyó la petición de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Sin embargo, el Congreso no puede imponer directamente esa decisión mediante una moción de este tipo. La iniciativa de presentar una cuestión de confianza corresponde al presidente del Gobierno. Por ello, la votación tiene relevancia política, pero no produce automáticamente una consecuencia jurídica o institucional.
La votación se produce en un contexto de presión creciente sobre el Gobierno por casos de presunta corrupción y controversias políticas relacionadas con personas vinculadas al Partido Socialista y al entorno político del presidente. Sánchez ha rechazado las peticiones de dimisión y mantiene su intención de continuar al frente del Ejecutivo.
El resultado subraya el principal problema político del Gobierno actual: Sánchez puede seguir en el cargo, pero su capacidad para gobernar depende de apoyos parlamentarios cada vez menos estables. Junts ha desempeñado un papel decisivo en varias votaciones durante la legislatura, y su apoyo a esta moción muestra que el Ejecutivo no puede dar por garantizado el respaldo de antiguos socios parlamentarios en asuntos clave.
Para la oposición, la votación refuerza el argumento de que Sánchez ya no cuenta con suficiente confianza parlamentaria para seguir gobernando sin buscar un nuevo respaldo. Para el Gobierno, la moción tiene un carácter simbólico y no altera la estructura jurídica de la legislatura.
El impacto político, sin embargo, es relevante. Un presidente del Gobierno en ejercicio ha recibido una petición directa de dimisión aprobada por mayoría absoluta en la Cámara. Aunque no tenga efecto jurídico vinculante, la votación eleva la presión sobre Sánchez y endurece el debate sobre la gobernabilidad, la estabilidad parlamentaria y el futuro de la legislatura en España.