El Gobierno de España prepara un nuevo Real Decreto que obligará a los operadores móviles a mantener al menos cuatro horas de cobertura durante apagones. La medida forma parte de un marco regulatorio más amplio para reforzar la seguridad y la resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y de determinadas infraestructuras digitales. El ámbito de aplicación incluye no solo a operadores de telecomunicaciones, sino también a determinados proveedores de cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet. Según el Gobierno, la obligación de cobertura móvil durante cuatro horas se aplicará de forma gradual durante tres años: 50% de la población el primer año, 65% el segundo y 75% el tercero. Las instalaciones de nivel intermedio deberán operar al menos 12 horas y los centros de control críticos de ámbito nacional al menos 24 horas.
El Gobierno de España prepara un nuevo Real Decreto que obligará a los operadores móviles a mantener al menos cuatro horas de cobertura móvil durante apagones. La medida busca reforzar la resiliencia de las redes de comunicaciones electrónicas y de determinadas infraestructuras digitales para que las llamadas de emergencia, las alertas públicas, la información oficial y las comunicaciones básicas puedan mantenerse durante interrupciones graves.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, anunció la medida el 25 de junio de 2026 durante el DigitalES Summit. La regulación se enmarca en el Real Decreto de seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales.
Según el Gobierno, los operadores móviles deberán garantizar al menos cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población española en caso de apagón. La obligación no se aplicará de forma inmediata y total. Se implantará de forma gradual durante tres años. En el primer año desde la entrada en vigor del decreto, la cobertura deberá alcanzar al 50% de la población. En el segundo año, al 65%. En el tercero, al 75%.
El 75% es el criterio confirmado en el último anuncio del Gobierno. Las versiones iniciales del proyecto sometidas a audiencia pública en diciembre de 2025 incluían una referencia al 85% de la población. Tras el proceso de revisión regulatoria y las conversaciones con el sector, el objetivo anunciado se ajustó al 75%. La prensa española informó de que los operadores de telecomunicaciones habían expresado preocupación por el coste de cumplir el objetivo inicial del 85%.
El nuevo Real Decreto no se limita a la obligación de mantener la cobertura móvil durante cuatro horas. La propuesta más amplia considera las redes de comunicaciones electrónicas, los servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales como servicios esenciales en situaciones de emergencia. Incluye obligaciones relativas a planes de seguridad y resiliencia, autonomía energética, notificación de incidentes, comunicaciones de emergencia y coordinación con las administraciones públicas.
El ámbito de aplicación también es más amplio que el de los operadores móviles ordinarios. Según el anuncio del Gobierno y la documentación regulatoria, el decreto puede aplicarse a operadores de telecomunicaciones y a determinados proveedores de infraestructuras digitales, incluidos cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet. Los principales criterios incluyen operadores con más de 500.000 usuarios, operadores con ingresos anuales superiores a 50 millones de euros, operadores designados como críticos y proveedores que dan soporte a comunicaciones de emergencia o sistemas de alerta pública.
El proyecto excluye las redes vinculadas a la seguridad nacional y a la defensa. Esto significa que la norma se orienta a redes civiles de comunicaciones electrónicas e infraestructuras digitales, mientras que las redes relacionadas con seguridad y defensa quedan bajo marcos regulatorios específicos.
El tiempo mínimo de funcionamiento durante un apagón depende de la importancia de la instalación. Las instalaciones de nivel intermedio que puedan afectar a varios territorios o comunidades autónomas deberán mantenerse operativas al menos 12 horas. Las instalaciones esenciales de primer nivel, como centros de control críticos que puedan afectar al funcionamiento de redes de ámbito nacional, deberán garantizar al menos 24 horas de operación.
Las instalaciones generales estarán sujetas al criterio mínimo de cuatro horas. En el caso de las redes móviles, el objetivo central es asegurar que una proporción determinada de la población mantenga acceso a cobertura móvil durante una interrupción eléctrica. Los operadores podrán tener que priorizar servicios, ubicaciones y recursos técnicos según el tipo de red, la demanda de voz y datos y el papel de determinadas instalaciones en la continuidad de servicios públicos.
El decreto también presta especial atención al número de emergencias 112 y a los sistemas de alerta pública. Los operadores que proporcionen conectividad a centros de emergencia o a sistemas de alerta pública deberán preparar planes de seguridad y resiliencia. También deberán garantizar canales alternativos de comunicación, como el uso combinado de redes fijas y móviles o la conectividad a través de varios operadores.
Esta obligación busca evitar que las llamadas de emergencia y los avisos públicos queden interrumpidos durante grandes apagones o incidentes de telecomunicaciones. El 112 es un punto central para la asistencia urgente, mientras que los sistemas de alerta pública pueden ser esenciales para informar a la ciudadanía durante desastres o emergencias de gran escala. Si falla una red o una tecnología, los servicios de emergencia deben poder recibir llamadas y distribuir avisos por otras vías.
La propuesta se enmarca en varias crisis recientes que han mostrado la importancia de la resiliencia de las comunicaciones. El Ministerio para la Transformación Digital citó la pandemia de COVID-19, la erupción volcánica de La Palma, la DANA de 2024 que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana y el apagón de abril de 2025 en la península ibérica como ejemplos de situaciones que evidenciaron el papel crítico de las telecomunicaciones y la infraestructura digital.
El apagón de abril de 2025 en España y Portugal mostró cómo un fallo eléctrico puede afectar al mismo tiempo a telecomunicaciones, transporte, finanzas, actividad comercial y servicios públicos. Cuando falla el suministro eléctrico, las estaciones base y los centros de gestión de las telecomunicaciones también pueden verse afectados. Si las comunicaciones fallan en el mismo periodo, los ciudadanos pueden tener dificultades para contactar con familiares, llamar a emergencias, consultar información de transporte o recibir instrucciones oficiales.
Durante un apagón, las redes móviles no son solo un servicio de conveniencia. Los ciudadanos utilizan el teléfono móvil para contactar con familiares, llamar a emergencias, recibir alertas, consultar actualizaciones de transporte y seguir información oficial. Los servicios de datos y voz móviles forman parte de la infraestructura básica de seguridad pública durante apagones, incendios, inundaciones, calor extremo, accidentes de gran escala y otras interrupciones.
La cuestión también es relevante para viajeros y residentes extranjeros en España. Los visitantes suelen depender del teléfono móvil para mapas, traducción, información aérea y ferroviaria, contacto con alojamientos, noticias locales y transporte público. Los estudiantes internacionales y residentes de larga duración pueden necesitar contactar con centros educativos, propietarios de vivienda, familiares, consulados o administraciones públicas. Para personas que no dominan el idioma o el sistema administrativo, perder el acceso móvil puede dificultar aún más una situación de emergencia.
El proyecto de Real Decreto también exige a los operadores incluidos en su ámbito la elaboración de planes de seguridad y resiliencia. La documentación de audiencia pública del Ministerio para la Transformación Digital indica que los operadores deberán preparar planes generales de seguridad y planes específicos por redes, servicios y categorías de incidentes. Estos planes pueden incluir análisis de riesgos, medidas preventivas, requisitos de autonomía energética y procedimientos de respuesta ante incidentes.
Las obligaciones de notificación de incidentes también se refuerzan. Los materiales del proyecto inicial propusieron una notificación inicial lo antes posible, con un plazo máximo de una hora desde la detección del incidente, seguida de informes intermedios, un informe final y un informe posterior detallado. El objetivo es permitir a las autoridades conocer la causa, el impacto, las medidas adoptadas y las acciones correctoras tras incidentes graves.
La supervisión corresponderá a la autoridad nacional competente en telecomunicaciones e infraestructuras digitales. El Ministerio ha señalado que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales supervisará el cumplimiento y coordinará con la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, instituciones europeas y organismos internacionales. También se prevé un marco de coordinación entre operadores, administraciones y otros actores relevantes para planificación y ejercicios de simulación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, también revisó el proyecto. En una comunicación de marzo de 2026, la CNMC explicó que el objetivo de la norma es garantizar que las redes de comunicaciones sigan funcionando en situaciones graves como catástrofes naturales, ciberataques o interrupciones del suministro eléctrico. La CNMC apoyó el objetivo de reforzar la resiliencia, pero advirtió de la necesidad de evitar solapamientos con otras normas de ciberseguridad e infraestructuras críticas.
La CNMC también propuso revisar el ámbito de aplicación, las obligaciones para determinados proveedores de infraestructura digital, los planes de seguridad, la notificación de incidentes, el régimen sancionador y los plazos de implantación. En particular, señaló que las obligaciones de autonomía energética para instalaciones de redes móviles deberían aplicarse de forma gradual y considerando alternativas técnicas económicamente eficientes, como el roaming entre operadores y, a medio o largo plazo, soluciones de respaldo satelital.
La regulación puede exigir inversiones importantes a operadores de telecomunicaciones y proveedores de infraestructuras. Mantener el servicio durante apagones requiere baterías, generadores, sistemas de alimentación de respaldo, herramientas de gestión remota y procedimientos de mantenimiento en estaciones base, centros de gestión y centros de control. Las zonas urbanas, rurales, montañosas e insulares pueden presentar retos técnicos y de coste muy diferentes.
En fases iniciales del proyecto se informó de estimaciones de coste de entre 51 y 73 millones de euros, aunque los operadores sostuvieron que el coste real podría ser mucho mayor en determinados entornos urbanos y emplazamientos técnicamente complejos. El ajuste del objetivo inicial del 85% al 75% parece reflejar parte de este debate sobre costes e implantación.
Las nuevas reglas muestran que España está tratando las redes eléctricas, las redes de telecomunicaciones y la infraestructura digital como sistemas interdependientes dentro de la planificación de emergencias. Cuando falla la electricidad, las comunicaciones también pueden fallar. Cuando fallan las comunicaciones, se pueden interrumpir llamadas de emergencia, solicitudes de rescate, información de transporte, coordinación médica y sistemas de alerta pública. Garantizar un periodo mínimo de continuidad de las comunicaciones se ha convertido, por tanto, en una prioridad política.
Sin embargo, una obligación de cuatro horas de cobertura no resuelve todos los escenarios de emergencia. Si un apagón de gran escala dura más tiempo, serán necesarios más sistemas de respaldo y respuesta sobre el terreno. Si muchos usuarios se conectan al mismo tiempo, también puede producirse congestión de la red. Por ello, los requisitos mínimos de cobertura deben complementarse con priorización del tráfico, rutas de comunicación de emergencia, sistemas de alerta pública, respaldo satelital y cooperación entre operadores.
Los ciudadanos y viajeros también pueden prepararse para interrupciones. Baterías externas, mapas sin conexión, direcciones de alojamiento guardadas, contactos de emergencia, copias de pasaporte o tarjeta de residencia y algo de efectivo pueden ayudar durante fallos eléctricos o de comunicaciones. Aunque las redes móviles se mantengan disponibles durante varias horas, el usuario puede no acceder a la información si su propio dispositivo se queda sin batería.
Los estudiantes internacionales y residentes de larga duración en España también deberían conocer los canales locales de información de emergencia. Comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, alojamientos y operadores de transporte pueden emitir instrucciones específicas durante incidentes graves. En caso de apagón o fallo de telecomunicaciones, conviene consultar primero los canales oficiales y guardar información esencial mientras haya conectividad.
El Real Decreto aún no está en vigor. Sigue siendo una propuesta regulatoria en proceso formal de aprobación. El Gobierno español tiene como objetivo aprobarlo antes de finales de 2026. El texto final todavía puede ajustar detalles técnicos, calendarios de aplicación, responsabilidades de coste, procedimientos de supervisión y estándares concretos de cumplimiento.
Los principales puntos a seguir serán la fecha de aprobación final, la forma de cálculo del objetivo del 75% de cobertura móvil, los planes de inversión de los operadores, el alcance de las obligaciones para centros de datos, cables submarinos, sistemas satelitales y puntos de intercambio de internet, los requisitos de conectividad para los centros 112 y la clasificación de instalaciones intermedias y esenciales de primer nivel. La política española de telecomunicaciones e infraestructura digital seguirá vinculada a la respuesta ante desastres, la seguridad pública, la seguridad turística y el entorno de vida de los residentes extranjeros.